Región Centro

Santa Fe: Información pública y oscurantismo

Sección
Integración
Fecha
18 de diciembre de 2017

Adrián Gerber *

Si hay un proyecto de ley que venía siendo fuertemente resistido por los senadores provinciales de Santa Fe es el de acceso a la información pública, que habilita a los ciudadanos a solicitar datos a cualquiera de los tres poderes del Estado.

Si hay un proyecto de ley que venía siendo fuertemente resistido por los senadores provinciales de Santa Fe es el de acceso a la información pública, que habilita a los ciudadanos a solicitar datos a cualquiera de los tres poderes del Estado. Pese a que nadie se opone -al menos públicamente- a las políticas de transparencia, la cultura del secreto y el oscurantismo está muy arraigada en ciertos sectores de la administración pública. En los hechos, durante estos últimos quince años los senadores boicotearon sistemáticamente todas las posibilidades de que la provincia cuente con una ley propia en la materia, que sea amplia y sin restricciones. ¿Por qué tantos obstáculos? ¿A qué le temían? ¿A tener que rendir cuenta de los gastos de la Legislatura? ¿A tener que dar información rigurosa del destino de los generosos subsidios de que disponen (el próximo año cada uno de los 19 senadores tendrá 9,6 millones de pesos para distribuir)? Pero el 23 de noviembre pasado la Cámara alta dio un sorpresivo paso que a simple vista podría interpretarse como un drástico cambio de posición, aunque muchas veces las primeras impresiones engañan. Sigilosamente los senadores aprobaron sobre tablas, por unanimidad, sin discusión en las comisiones y sin que figurara en el temario de la sesión, una iniciativa que dispone la adhesión de la provincia a la ley nacional de acceso a la información pública. Sin embargo, esta media sanción, que Diputados podría convertir en ley, despierta serias dudas en los especialistas, ONG's y el Sindicato de Prensa Rosario. Advierten que con esta "adhesión" lisa y llana, sin una adecuación provincial, los poderes Legislativo y Judicial podrían seguir quedando afuera de la obligación legal de brindar información. Si fuera así, una ley de estas características no cumpliría con el más mínimo estándar en la materia e iría en contra de las recomendaciones de organismos internacionales como la OEA (Organización de Estados Americanos).

Desde 2002 distintos gobiernos provinciales (Obeid, Binner y Lifschitz), diputados, sindicatos de prensa y ONG's han intentado avanzar en Santa Fe con la aprobación de un proyecto de ley de transparencia y libre acceso a la información pública. La Cámara baja en distintas oportunidades aprobó iniciativas al respecto, pero se topó con la cerrada negativa de los senadores a aprobar una norma que involucre al Poder Legislativo (el Poder Judicial tampoco quiere ser sujeto de esta ley, pero desliza su oposición sólo en forma reservada). Cada vez que les llegó una media sanción de la Cámara baja con una iniciativa amplia en la materia los senadores apostaron a no tratarla para que pierda estado parlamentario o a modificarla poniéndole cláusulas restrictivas para que no se convirtiera en ley. Como aquella que en una oportunidad quisieron establecer de tener que demostrar un "interés legítimo" para acceder a la información requerida. "La democracia tiene sus límites", llegó a decir un legislador.

Este férreo boicot de los senadores fue lo que llevó en 2009 al entonces gobernador Hermes Binner a promulgar el decreto N° 694, que rige hasta el día de hoy, y que obliga a todos los estamentos del Poder Ejecutivo santafesino a dar la información que cualquier ciudadano solicite. Pero éste no compromete al Poder Legislativo ni al Judicial, que sólo estarían alcanzados por una norma de este tipo si se establece por ley, que al día de hoy no existe en la provincia.

Como en tantas otras oportunidades, el Senado ahora tiene desde septiembre de 2016 para su tratamiento una nueva iniciativa de acceso a la información pública con media sanción de Diputados (fue impulsada por el legislador oficialista Gabriel Real). Pero en lugar de votar este proyecto, que el 30 de abril de 2018 perderá estado parlamentario, sorpresivamente aprobó el 23 de noviembre pasado sobre tablas una iniciativa que adhiere a la ley nacional N° 27.275 de acceso a la información pública. El proyecto fue aprobado por todos los senadores y lleva las firmas de los jefes de los tres bloques: Felipe Michlig (Frente Progresista), Lisandro Enrico (Frente Progresista Sur) y Armando Traferri (Justicialista). La iniciativa sorprende por lo escueta: abarca apenas una carilla, cuenta con sólo cinco artículos y está compuesta por un total de 62 palabras.

Esta votación despertó suspicacias en especialistas, ONG's y el Sindicato de Prensa de Rosario teniendo en cuenta los antecedentes del Senado en el tema. Es que advierten que con una ley provincial que sólo se limite a "adherir" podría interpretarse que el mismo texto de la norma nacional se aplicaría en Santa Fe. Con lo cual los sujetos obligados a dar información pública son los que se detallan en el artículo siete de la ley Nº 27.275: la administración pública federal y el resto de los órganos nacionales. Nada dice de los poderes Legislativo y Judicial provinciales, por lo cual podría entenderse que quedarían afuera de esta norma si no va acompañada de una ley distrital complementaria que la adecue.

"Esta media sanción del Senado fue sacada a espaldas de la sociedad santafesina, sin ningún tipo de debate. Prácticamente tenemos la certeza de que habrá artículos inaplicables, con lo cual esta ley no tendría efectos jurídicos que consagren en la provincia el derecho al acceso a la información pública. Esto sería una bofetada a todos los santafesinos", sostienen desde el Sindicato de Prensa Rosario.

¿El proyecto de adhesión a la ley nacional aprobado por el Senado es meramente simbólico y carece de posibilidad de ser aplicado en la provincia? Los diputados son quienes ahora deben dar la respuesta.

* La Capital

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