La provincia de Córdoba habría terminado 2009 con un déficit financiero de alrededor

de $290 millones en su Administración General, y resultaría cercano a los $200 millones

en la Caja de Jubilaciones, después que la Nación regularizó sus envíos en los últimos

días de diciembre (no incluye como déficit la contribución patronal extraordinaria). La

antes muy prolija Santa Fe habría terminado el año con un déficit financiero superior a

$1.000 millones (aumentará impuestos recién en 2010), y la provincia de Buenos Aires

presentaría un desequilibrio mayor a los $6.000 millones en 2009.

De modo que la mayor parte de las provincias parecen estar nuevamente con

problemas fiscales, y no parece un hecho cíclico, ligado sólo a la caída de la actividad

económica. Además de las altas tasas de expansión del gasto observadas en las

provincias en los últimos años, es bien conocido el problema existente con el reparto de

la renta tributaria federal, en la cual el conjunto de provincias vio caer su participación

desde el 34% del total de los recursos tributarios nacionales a mediados de los

noventa, a 25% en 2009.

En Córdoba se estuvo a pocos días de una nueva emisión de cuasimonedas, riesgo que

sólo se verá extinguido en 2010 si desde el gobierno nacional se envían en tiempo y

forma los fondos del Programa de Asistencia Financiera (PAF), y las transferencias para

cubrir el déficit del sistema provisional local. Ahora bien, aún cuando dichos convenios

se cumplan, adicionalmente existe la necesidad de que el gasto provincial se siga

desacelerando y su tasa de crecimiento el año entrante resulte inferior al 20%. La

gravedad de la crisis financiera ya hizo que el gasto provincial pase de expandirse al

31% interanual al cabo del primer semestre de 2009, al 24% al final del tercer

trimestre, y se habría ubicado sólo un poco arriba del 20% al concluir el año. En esta

evolución resultó clave la política salarial seguida en el segundo semestre.

Los problemas financieros en las provincias sobrevinieron a pesar de la existencia de

una Ley Nacional de Responsabilidad Fiscal (LRF) que exigía que cada año el gasto

público no aumente más que el PIB. En el período 2004 ? 2009, el conjunto de

provincias aumentó el gasto primario un 270%, cuando el PIB nominal lo hizo un 161%

No obstante, ¿cómo podría el gobierno nacional exigir el cumplimiento de la LRF, si sus propias erogaciones primarias se incrementaron un 294% en ese mismo período? (sin incluir coparticipación a provincias). Existen otros convenios y normativas que regulan la relación financiera Nación ? Provincias, como el Programa de Unificación Monetaria (PUM), por el cual se eliminaron las cuasimonedas provinciales luego de la crisis del 2002, y en el que se incorporó una previsión para que no se vuelvan a emitir en el futuro, aunque sin definir penalidades claras para los incumplidores.

Por cierto también existe el antes mencionado PAF, por el cual anualmente la Nación

compensa con transferencias discrecionales una porción de los servicios de las deudas

provinciales, que a su vez les descuenta automáticamente de la coparticipación federal

de impuestos. En tales convenios existen también compromisos fiscales, de los que

hace rato ya poco se habla.

Ocurre que en Argentina las instituciones fiscales resultan siempre letra muerta, en

especial las ligadas al sistema fiscal federal. Basta con recordar que hace 14 años que

se incumple la Constitución Nacional, que mandaba aprobar una nueva ley de

coparticipación antes de terminar el año 1996.

¿Por qué reaccionó en forma presta el gobierno nacional ante la posibilidad de que

Córdoba emita nuevamente cuasimonedas, y regularizó en pocos días los pagos a la

administración provincial? Muy probablemente no tengan tanto que ver los acuerdos y

normativas previas sobre compromisos fiscales, como el PUM, el PAF o la LRF. En

principio, sí habría influido la probabilidad de que las emisiones de ese tipo de bonos se

generalicen en las provincias y ello espante nuevamente a potenciales compradores de

bonos del gobierno argentino, cuando se intenta volver a los mercados voluntarios de

deuda.

Pero no hay que descartar otro motivo para esa reacción, más ligado al deseo de

conservar la principal fuente de construcción de poder político en Argentina durante los

últimos años: el hecho de que la mayoría de las provincias necesitan de las ayudas

nacionales para cerrar sus números fiscales. En este esquema, la emisión de

cuasimonedas, si bien tendría serios reparos desde lo económico y monetario, podría

otorgar mayor autonomía financiera a las provincias. En el caso de Córdoba, los montos

emitidos durante las experiencias de los CECOR y las LECOR resultarían equivalentes a una emisión de entre $2.000 y $2.500 millones en la actualidad, si se lo mide en

términos del PBG, de la recaudación propia o de la base monetaria provincial.

Se trata de un monto lo suficientemente alto como para que pueda sospecharse que si

la experiencia funcionara ya no se requeriría de tanta ayuda del poder central, un

escenario que seguramente no sería el preferido por las autoridades nacionales, dadas

sus previsibles consecuencias en términos de alineamientos políticos.

(*) Economista Ieral