Diecisiete gremios rechazaron tratar una nueva reforma previsional propuesta por el gobernador Juan Schiaretti, el lunes primero de febrero al dejar inaugurado el período de sesiones ordinarias en la Legislatura, lo que se constituye en el primer escollo que plantea el sindicalismo para negociar una solución al crónico déficit de la Caja de Jubilaciones, que en 2009 ascendió a 1.073 millones de pesos.

Ratificaron la decisión de ?no consentir recortes de los beneficios y conquistas de los trabajadores aportantes y beneficiarios? cuando se discuta una reforma al régimen previsional provincial. Plantearon su posición histórica de defensa del Sistema Solidario de Reparto, pero fue necesaria la inclusión de una cláusula para diferenciar las jubilaciones ordinarias de las VIP que detentan gremios como Luz y Fuerza, Judiciales o la Asociación Bancaria.

?Rechazamos cualquier tipo de privilegio y sostenemos que no es un privilegio jubilarse con el cargo al que se aportó durante treinta o más, aunque la remuneración de ese puesto sea más elevada?, sostiene uno de los puntos del documento gremial.

Pese a la defensa sectorial de los intereses de los trabajadores, surge a primera vista que no es lo mismo la contribución al déficit del sistema que ocasionan los empleados públicos que los lucifuercistas, con el agravante que (más allá de los descuentos) la base de aportantes en relación a la de los pasivos es de uno a uno, una ecuación inviable en cualquier sistema previsional el mundo.

Mientras unos defienden su condición de aportantes y jubilados de lujo, otros sindicatos menos favorecidos sólo parecen servir de actores secundarios de intereses que se agazapan bajo el rótulo de la defensa de intereses sectoriales comunes, y que poco tienen de solidario. Todos saben que no es lo mismo vivir con 1.900 pesos mensuales que con más de 6.000.

 El anuncio de la jubilación mínima de 1.000 pesos realizada por Schiaretti en la Legislatura, favorece a los sectores más desprotegidos del sistema, mientras que la decisión de recortar el 18% de los haberes mayores a 6.000 pesos y reemplazarlo por bonos, aparece como una solución solidaria al problema del déficit de la Caja, al punto de ser respaldada por una acordada del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).

Más allá de que los gremios señalan las 8 mil jubilaciones anticipadas de la gestión de José Manuel de la Sota como una de las causantes del déficit de la Caja, nada dicen sobre el aporte del 15% que la Provincia cedió a la Nación cuando se realizó el traspaso de los sistemas previsionales provinciales, aunque se señaló la necesidad de que el gobierno nacional siga sosteniendo el rojo de Córdoba.

La otra solución de los gremios estatales, como ser el apartamiento del régimen de retiros  de la Policía y el Servicio Penitenciario y su traslado a la órbita de Presupuesto General de la Provincia para liberar a la Caja del déficit, se transforma en la transferencia de un problema a otra órbita, que de cualquier manera pasará a incrementar el rojo fiscal de la Provincia.